Consideraciones sobre el Frente Popular

BagaríaCualquier persona que se enfrente a una tarea en la que pone empeño y buena voluntad pero que es la primera vez que la realiza merece cuando menos comprensión y apoyo. Ejemplos: un conductor o conductora novel ante su primera salida sin la tutela del profesor a la carretera o el aprendiz de un oficio que deja de serlo y pasa a ser el encargado de su propia obra. A la hora de analizar la obra y los autores de quienes forjaron la primera democracia de nuestra historia, la Segunda República (1931-1939) se ha puesto muchas veces el acento precisamente en su inexperiencia como políticos u hombres de Estado. Este juicio no es justo ni benévolo, especialmente comparándolo con el que se ha deparado a los que hicieron la transición de finales de los años 1970 -novatos también en tales lides de construcción democrática, sobre todo quienes militaban en los partidos de la oposición al franquismo-, y no lo es especialmente porque en 1931 los políticos de la República no contaban con un modelo democrático autóctono del pasado en el que poder fijarse. Dicho de otro modo, tenían que partir de cero y hacer una revolución democrática que iba a estar plagada de errores y pasos en falso, pero desde luego también de realizaciones notables y de un espíritu audaz, cosas que se echaron de menos entre los negociadores del pacto de la transición, quizá porque no había otra alternativa, pero que desde luego hacen flaco favor a la causa de los apologistas de la “transición modélica” con la elevación de la pusilanimidad a artículo de fe.

Uno de los hombres más admirados de la poesía española, Antonio Machado, perteneciente a una generación, la del Noventa y Ocho, cuyos representantes no se inclinaron precisamente por la causa republicana al ocurrir la guerra civil (sólo Juan Ramón Jiménez y él mostrarían su apoyo al gobierno legal frente a los sublevados) escribió en “La Vanguardia” el 14 de abril de 1937, 6º aniversario de la proclamación del nuevo régimen, un emotivo artículo sobre sus propios recuerdos de tal acontecimiento en Segovia, ciudad en cuyo instituto daba clases de francés. Y así decía que “un puñado de hombres honrados, que llegaban al poder sin haberlo esperado, acaso sin haberlo deseado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la Nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atendiendo a normas exclusivamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la Historia, que es el del porvenir. Para estos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo; contra ellas no se podía gobernar, porque el obedecerlas era precisamente la razón de ser todo gobierno. Y estos hombres, llenos de respeto, mesura y tolerancia, ni violentaron ningún derecho ni desertaron de ninguno de sus deberes.” Machado, cuyos versos sobre las “dos Españas” han sido manipulados de forma tan torticera, pues escritos varios años antes de la guerra española, se referían al conflicto entre la España “nueva”, reformista, europeizante, que pugnaba por sacar al país de su atraso secular y la España “vieja”, arcaizante y tradicional que echaba de menos las glorias imperiales perdidas definitivamente con el desastre de Cuba -la España “de charanga y pandereta” a la que el alude precisamente en otro famoso poema- fue un hombre de sensibilidad y humanismo que defendió a la República con las palabras, en los periódicos de Barcelona y en la revista cultural más importante editada durante la guerra, “Hora de España”. Lo que sucedió con ese poema, “Españolito”, es un poco lo que ha sucedido con la historia de la República, en lo que respecta fundamentalmente a la enseñanza escolar.

LA REPÚBLICA COMO UNA DEMOCRACIA EN CONSTRUCCIÓN

En numerosos países que han pasado por un proceso de construcción democrática, bien sea de inicio o bien retomando un curso interrumpido por una dictadura, este proceso ha durado varios años. En el caso de la España posfranquista, los historiadores discrepan sobre la duración del mismo: algunos establecen su inicio en 1975, año de la muerte de Franco, mientras otros lo sitúan antes, en el momento en que tiene lugar la muerte del “delfín” Carrero Blanco en 1973 o cuando la Revolución de los Claveles en el vecino Portugal en 1974 abre nuevas perspectivas a la oposición al régimen. Sobre su final, tampoco hay acuerdo sobre si establecer el mismo en la aprobación de la constitución (1978), la victoria socialista de 1982 o la integración en las Comunidades Europeas (1986). Así pues, entre las fechas más alejadas -1973 y 1986- nos encontraríamos que la transición del franquismo duró trece años. En casos similares encontraríamos a Portugal, que en 1974 daba por concluido con una revolución militar incruenta la larga y oscura dictadura salazarista e iniciaba un proceso de transición convulso en el que se debatieron las fórmulas de la democracia parlamentaria clásica con un modelo de democracia socialista y autogestión de la economía por parte de los trabajadores. La primera de las tesis fue la que finalmente triunfaría, aunque la sucesión de gobiernos provisionales, intentonas golpistas y primeros ministros harían que hasta ya entrados los ochenta no se pudiera hablar de un proceso finalizado.

Las consideraciones sobre la duración, y no menos importante sobre la calidad, de los procesos de transición y consolidación democráticos no son menos problemáticos cuando se trata de analizar la Europa del Este tras la caída de los regímenes burocrático-socialistas, en los que se distingue claramente una mayor facilidad de análisis y un mayor desarrollo y consolidación de la democracia parlamentaria en países del centro de la zona -Polonia, República Checa, Eslovenia o la antigua RDA, integrada en su vecina RFA- que en estados del sur -Rumania, Bulgaria, Albania, Hungría o Croacia-. Y lo mismo puede decirse de las repúblicas latinoamericanas tras los fenómenos de las dictaduras militares, en los que el procesamiento de los antiguos criminales y la derogación de las leyes de “punto final” y “obediencia debida” ha supuesto un estímulo para poder concluir satisfactoriamente un camino de largos años y muchas obstrucciones, entre ellas la tutela al proceso por parte del ejército, como ha sido el caso de Chile.

Un denominador, si no común, si al menos bastante corriente en estas situaciones ha sido la presencia de la violencia política. En la España posfranquista de finales de los setenta, en la Albania sumida en protestas contra el presidente Sali Berisha, en el derrocamiento de Milosevic en Serbia o en antiguas repúblicas que formaron parte de la URSS y que en algunos casos -guerra civil en Tayikistán, conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por el enclave de Nagorno-Karabaj- ha dado origen a conflictos armados. No es un caso deseable, está claro, pero la ausencia de la violencia política no es algo tan corriente como podamos imaginar.

Examinadas estas cuestiones, debemos tener en cuenta que la República Española de 1931 fue no solo un nuevo régimen proclamado por una voluntad popular -pese a que las elecciones de abril de ese año habían dado una mayoría de concejales monárquicos, 20.000 frente a 5.000, el voto popular estuvo en una proporción de 4 a 1 a favor de los partidos republicanos y las capitales de provincia, donde se vislumbraba claramente la opinión popular, lejos de los manejos caciquiles de las zonas rurales, supusieron una aplastante victoria de los partidarios de la República- que llegaba y con sólo hacerlo ya estaba consolidado; que con proclamar su carácter democrático y hacer leyes y elecciones democráticas ya era democrático. La República era en su espíritu democrática y era en su forma democrática, pero necesitaba echar raíces. Y ese proceso requería de un tiempo del que no disfrutó.

Y como no tuvo tiempo para mostrar su potencial, para ser un régimen democrático, para ajustar plenamente la teoría a la práctica su ser como “República democrática de trabajadores de toda clase” (un lema que para los comentaristas de los periódicos de un país tan poco sospechoso de simpatías comunistas, tema tan traído y llevado por los demonizadotes de la República, como los Estados Unidos, le parecía un reflejo de su propia forma de ser, al agrupar no a los trabajadores al modo clasista soviético, sino al modo productivista anglosajón de agrupar a todos los que trabajan, a quienes viven de su trabajo y su esfuerzo), muchos consideran que la República no fue jamás democrática. No podemos dejar de recordar que es evidente que tuvo sus fallos -y así, vuelta al principio: ¿cómo no va a tener errores la persona que hace algo por primera vez?-, pero acusar a la República de no ser democrática es gratuito y tendencioso. En primer lugar, quienes así la califican se dejan llevar muchas veces por la comparación ahistórica -es decir, comparar situaciones y sistemas políticos de épocas distintas-. Es lógico que la Segunda República salga mal parada con respecto a la monarquía constitucional de hoy. Entre una constitución y otra pasaron nada menos que cuarenta y siete años, una guerra mundial, el pacto entre socialdemocracia y liberalismo que llevó al “estado del bienestar” (hoy destrozado por las maniobras de los segundos y la complicidad de los primeros), el movimiento hippy, el pacifismo, el ecologismo, el feminismo… ¿Resistiría la comparación la Francia de hoy y la de la III República de entonces? ¿La República de Weimar y la Alemania de nuestros días? ¿Los Estados Unidos aún segregacionistas de aquellos días con respecto a los que hoy tienen como jefe de Estado a un presidente negro?

Constitución 1931Pero, juzgando comparativamente en función del contexto, no son pocos quienes ven al régimen de la Segunda República mucho más progresista, con mayor contenido social y de mayor calado democrático que al que hoy preside la convivencia política y social en España. Rafael Escudero Alday, en su interesante ensayo “Modelos de democracia en España. 1931-1978” establece algunas de esas claves acerca de las constituciones de ambos periodos. El papel central del poder legislativo -órgano de expresión de la voluntad popular-, la concreción de medidas con las que hacer efectivos los derechos sociales frente a su simple enumeración, la incorporación ya entonces de mecanismos de democracia directa como la institución del jurado y la iniciativa legislativa popular, la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, la renuncia explícita a la guerra, la igualdad jurídica de hombres y mujeres, la posibilidad de socializar la producción por exigencias del interés general, el Estado laico, la descentralización municipal y regional mediante los estatutos de autonomía o el no menos importante papel de una jefatura de Estado electiva y responsable ante la justicia son el reflejo de una actitud mucho más progresiva y honrosa ante el nuevo tiempo que se abría en el país que la demostrada, no sólo en los setenta, sino posteriormente, por los constructores y continuadores de la democracia de 1978.

EL PRIMER BIENIO: ELOGIOS Y CRÍTICAS

Las reformas del primer bienio -el bienio progresista o republicano-socialista (1931-1933)- no sólo fueron de índole política. El estado del país, la conciencia de los miembros del gobierno y la urgencia con que se precisaba poner fin a un estado de cosas bastante deplorable dio pie a que se pusieran en marcha un gran número de leyes y proyectos, de organismos de nueva creación o renovados en su funcionamiento con respecto a su anterior existencia y de iniciativas. La Constitución y sus leyes complementarias -entre las que destacaron, por su especial relevancia política en aquellos momentos, la de Congregaciones Religiosas y la de Divorcio- no fueron los únicos ámbitos de actuación del gobierno republicano. Es muy conocida la labor de la República en pro de la educación, desarrollando un ambicioso plan de construcción de escuelas, contratando nuevos maestros y dignificando sus condiciones de trabajo -p.ej., aumentos significativos de salario-, o en pro de los derechos de las mujeres (voto femenino, igualdad de derechos en el matrimonio, ley de divorcio o igualdad de derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio). También es conocida -pero para mal, porque se ha tildado de fracaso, ignorando que hubo una segunda fase de la misma- la reforma agraria de este período. O la reforma militar del presidente del gobierno, Manuel Azaña, tan demonizada por una frase que nunca dijo: “trituración del ejército”, una barrabasada que jamás cupo en la cabeza del político alcalaíno, cuyos planes iban destinados a modernizar las fuerzas armadas, eliminar la grasa y dotarlas de músculo y hacer un ejército libre de influencias políticas y subordinado al poder civil. Pero al mismo tiempo se desconoce -y es cosa graciosa, porque buena parte de los méritos que hoy se atribuyen los herederos del PSOE de aquella época, que desarrolló en buena medida las políticas de las que hoy presumen pero sin recordar a los viejos pioneros de la época de la República que las pusieron en marcha, e incluso el franquismo posterior, que desarrolló cosas ya proyectadas en los años republicanos y que la sublevación militar de la que nació su régimen se encargó de retardar durante años- buena parte del legado de aquel bienio y, en conjunto, de la República.

Cartel AbrilLa República ensalzada por Machado desarrolló el primer plan hidrológico con todas las de la ley de la historia de España: el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933 (obra de un viejo funcionario de Primo de Rivera, Manuel Lorenzo Pardo) y el proyecto de las Obras del Cíjara en Extremadura que luego acabaría el franquismo bajo el nombre del Plan Badajoz. De esos años son el pantano del Tranco en Jaén, el de la Maya en Salamanca o el comienzo de las obras del de Alarcón, en Cuenca. La República aumentó gracias a las obras que desarrolló el nivel de agua embalsada mucho más entre 1931 y 1935 de lo que lo hizo el franquismo en sus primeros diez años de existencia, pese a la propaganda que dio a unas obras en muchos casos plagiadas de aquel plan republicano.

La República de los trabajadores puso en marcha el primer sistema integrado de seguros sociales que incluía tanto a trabajadores industriales como a campesinos, y que estaba formado los seguros de enfermedad, vejez, retiro obrero y fallecimiento, e incluía -adelantándose a las recomendaciones de la OIT- el seguro de maternidad. Como por desgracia la situación de las finanzas públicas no era muy boyante, no se pudo poner en marcha un seguro de desempleo, pero sí la Caja Nacional contra el Paro Forzoso, que otorgaba subsidios a entidades participadas por organizaciones obreras y patronales con el fin de auxiliar a los parados que se adscribiesen a las mismas. Gerald Brenan, aristócrata liberal inglés y un defensor y a la vez crítico de la República comentó que por primera vez los campesinos sentían que un gobierno español les protegía.

Portada PNOH 1933Esta República denostada hizo otras cosas olvidadas como despenalizar la homosexualidad; desarrollar un plan de carreteras secundarias de los que hoy son testimonios la carretera de Castilla o la de Granada a Sierra Nevada, el proyecto del “Gran Madrid” que incluía el túnel de la risa Atocha-Nuevos Ministerios, los susodichos Nuevos Ministerios, los jardines de Sabatini, la prolongación de la Castellana o el impulso en la construcción de la Ciudad Universitaria bajo la dirección del catedrático de Medicina y figura clave en años posteriores, Juan Negrín (al tiempo, en Barcelona, la arquitectura daba un vuelco modernizador gracias a los arquitectos del GATEPAC y sus interesantes proyectos); poner en marcha las Misiones Pedagógicas y aumentar el número de bibliotecas y volúmenes a disposición del público popular; sentar las bases para crear un sistema nacional público de salud que hasta entonces sólo existía en la Unión Soviética y se desarrollaría más tarde en los países de Occidente en la posguerra en Gran Bretaña de la mano del “premier” laborista Clement Atlee; y mejorar el funcionamiento de instituciones existentes o crear nuevas en sectores clave de la económica y la producción como la Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo S.A. (CAMPSA), el Patronato Nacional de Turismo, la Comisaría de Parques Nacionales, las primeras líneas aéreas públicas de la historia de España (la compañía LAPE o Líneas Aéreas Postales Españolas) o los ferrocarriles (estos últimos, con objeto de introducir un mayor control público de las compañías y mejorar su eficiencia).

Cartel Garay LAPEIncluso ha sido objeto de elogio la labor desarrollada por los ministros de Hacienda y Economía (un ministerio único entonces), Jaume Carner y Agustín Viñuales, en concreto por Francisco Comín, en nuestros días, que tuvieron que enfrentarse a los efectos de la Depresión en España. La labor de otros ministerios de índole económica, como Obras Públicas (Indalecio Prieto) o Trabajo (Largo Caballero) ayudó a que los salarios y el paro obrero aumentaran en medio de un contexto de crisis y a que el paro obrero fuera absorbido en cierta medida por proyectos desarrollados por el Estado. Un criterio similar al seguido por los EE.UU. bajo la administración Roosevelt por el “New Deal”. No obstante, Carner y Viñuales tuvieron que hacer malabarismos para cuadrar los presupuestos, en medio de una política fiscal expansiva que tanto se echa de menos en nuestros días y sometidos a la ortodoxia doctrinal reinante entonces, cuando el keynesianismo no había hecho su aparición. En concreto, Comín escribe que “la Segunda República no paralizó las obras públicas, sino que las reactivó para compensar la caída de la inversión privada. La política fiscal republicana no causó la recesión, sino que alivió sus secuelas Entre 1931 y 1934, los ministros de Hacienda incrementaron el gasto público en un 25%para combatir el desempleo e invertir en infraestructuras y educación. La presión fiscal también aumentó gracias a la reforma tributaria de Jaume Carner de 1932.” La República y su ministro Carner introdujeron por vez primera en la historia de la administración tributaria española el impuesto sobre la renta. La labor de aquellos ministros debería ser tenida en cuenta por los responsables del ministerio en la actualidad.

A pesar de todo lo descrito, la República en estos años no era todo color de rosa. La violencia y los errores se sucedían. Algunas veces estos errores eran causa de agentes que actuaban en nombre de la República sin ser realmente republicanos -partícipes leales del nuevo régimen y de la democracia en curso-; otros, eran cometidos por los propios republicanos de convicción con responsabilidad en el gobierno o en las Cortes. Por eso cobrará tanta importancia -y a ello nos referiremos con posterioridad- examinar el significado global del programa del Frente Popular, no solo en lo que se refiere a corregir los excesos del “bienio negro”, sino los cometidos también durante esta etapa.

Los errores más destacados del bienio republicano-progresista tuvieron que ver con la cuestión religiosa y el orden público. En el primer caso, porque algunas de sus medidas, que si bien no iban en la dirección de atacar a un enemigo que nunca fue considerado como tal por las autoridades-Azaña, en su calidad de entonces presidente del gobierno, declaró que había que atacar los privilegios eclesiásticos y que hacerle pasar como enemigo de la Iglesia era tan absurdo como declarar que era enemigo de la cordillera de los Andes- hicieron crecer a una derecha católica cuyos planes de rectificar la República pronto se enlazaron con una obra mayor, la de la creación de un Estado corporativo de signo fascista y fascistizante cuanto menos de modo semejante al “Estado novo” portugués o al régimen social-cristiano del canciller austriaco Dollfuss. La disolución -que no expulsión- de la Compañía de Jesús, con importantes intereses económicos (propietaria de acciones en compañías de transportes, comunicaciones y prensa) y gran influencia en la educación a través de sus instituciones privadas o el cese del presupuesto público para sufragar al clero fueron algunos de los aspectos que levantaron a las masas católicas más intransigentes y llevaron a una intensa campaña de propaganda antirrepublicana por parte de las organizaciones católicas, que saltarían a la arena política de la mano de la CEDA del abogado salmantino Gil Robles. La quema de iglesias de mayo de 1931 -un “divertimento” que tenía en España raíces históricas procedentes de la guerra de Independencia y las guerras carlistas, por lo que no fue ni privativo ni alimentado por el nuevo régimen- a raíz de la provocación del Círculo Monárquico de Madrid fue el primer acicate para presentar a la República como enemiga de la religión. En 1933, la decisión de cerrar los institutos de secundaria eclesiásticos -cuyos alumnos no podían ser absorbidos por el entonces deficitario sistema público- se pospuso por la convocatoria de elecciones, pero supuso un nuevo y definitivo enfrentamiento entre dos bloques antagónicos, laicos y católicos intransigentes, que a lo largo del bienio habían tenido enfrentamientos en las Cortes no sólo en lo referente a asuntos propios de la influencia del catolicismo en España. Una influencia que, como expresó Azaña en su frase “España ha dejado de ser católica” -en su genio creador, en su arte; ése y no otro era el sentido de sus palabras, explicadas en un largo discurso parlamentario del que sólo ha permanecido esa sentencia- estaba en franco declive y hacía preciso pasar del Estado confesional de la monarquía a un Estado laico moderno. Aunque su instauración llevó a más de un error por parte de las autoridades y a que los católicos españoles desobedecieran la política de contemporización del Vaticano y de su nuncio en España, monseñor Tedeschini, en pro de la política de enfrentamiento.

El problema del orden público fue el segundo motivo de errores, más flagrante en lo que se refiere al campo de la izquierda y en particular del anarquismo. Los moderados de la CNT habían perdido su influencia en la dirección del sindicato y pronto harían lo mismo en el caso de la dirección, frente al sector duro de la FAI. Los llamados “treintistas” -Ángel Pestaña, Joan Peiró, Juan López- acabarían por ser expulsados de la organización por los Buenaventura Durruti, Juan García Oliver o los hermanos Ascaso. Mientras los primeros se mostraban más partidarios de la acción sindical clásica e incluso la colaboración con la República, para los segundos la República era tan deplorable como la Monarquía (y en algunos casos la represión desplegada dio a los anarquistas esa impresión) y era preciso realizar acción directa y no colaborar con los organismos de negociación y arbitraje que había desarrollado el ministerio de Trabajo y en los que estaba presente la UGT socialista. La doble combinación de preponderancia ugetista e inhibición anarquista dio alas a quienes consideraban, en el campo de la CNT, marginada a esta última organización y pensaron que la “gimnasia revolucionaria” era el camino a seguir por parte del sindicato. Desde el principio de la República, y casi en paridad con las acciones más escondidas pero igualmente dañinas para el nuevo régimen realizadas por parte de la derecha católica y monárquica (obstrucción parlamentaria, conspiraciones veladas y finalmente el golpe de Sanjurjo de agosto de 1932) la CNT desplegó una serie de acciones violentas que fueron reprimidas por la Republica recurriendo en varias ocasiones al ejército. Esa militarización del orden público, común a otros estados democráticos de la época (la Alemania de Weimar o los EE.UU. con el recurso a la Guardia Nacional) no estaba exenta de riesgos. La escasa adaptación de las fuerzas de orden público (no digamos la del ejército, necesitado de una profunda renovación interna) a los cánones democráticos y las formas de protesta que se desarrollan en toda democracia al uso -dejando aparte las insurrecciones anarquistas- llevaron al desarrollo de incidentes sangrientos como los de Castillblanco (Badajoz) o Arnedo (Logroño) en el invierno de 1931-1932, donde el protagonismo de una Guardia Civil odiada por los campesinos pero que al mismo tiempo había ayudado con su inacción el 14 de abril a la proclamación pacífica de la República fue una cuestión espinosa.

Los conflictos de orden público llevaron a la aprobación de la Ley de Defensa de la República, que se definió como una ley de carácter constitucional y de vigencia provisional (su duración sería como máximo la de las Cortes Constituyentes). Otorgaba poderes discrecionales al ministro de Gobernación en cuestiones varias que pasaban por encima de preceptos constitucionales relativos a derechos individuales. Se justificaba por el hecho de la proclamación reciente de la República y por la necesidad de proteger al joven régimen en sus inicios de sus enemigos tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Sin embargo, fue objeto de fuertes críticas tanto desde dentro como desde fuera de la coalición gubernamental y fue derogada en 1933, poco antes de la convocatoria de las elecciones, y sustituida por la ley de Orden Público, que preveía tres estados de anormalidad en los que las garantías individuales podían ser objeto de restricción en un grado diferente según el caso: prevención, alarma y guerra. Casi siempre se vivió, por las circunstancias de aquellos años convulsos, bajo el estado de alarma, pero el de guerra solo se proclamó, antes de la sublevación militar bajo los gobiernos radical-cedistas, en 1934.

La otra ley relativa al orden público objeto de críticas fue la de Vagos y Maleantes de 1933, la llamada “Gandula” obra de los juristas Luis Jiménez de Asúa y Mariano Ruiz Funes, dos miembros de la Comisión Constitucional. La ley de Vagos se utilizó para el castigo y la corrección de comportamientos socialmente inaceptables que hasta entonces no figuraban como punibles por las leyes vigentes, y establecía diferentes medidas que iban desde las multas económicas, el destierro o el paso por lugares de aprendizaje de oficios. Su objetivo era perseguir y/o corregir las conductas de proxenetas, toxicómanos, falsos mendigos, individuos que explotaran a terceros en provecho propio mediante el ejercicio de la mendicidad o el robo. Sin embargo, otros aspectos de la ley dejaban a discreción de las autoridades judiciales -aspecto que luego sería utilizado por el franquismo para perseguir a homosexuales o enemigos del “Nuevo Estado”- la punición de una suerte de “cajón de sastre” de comportamientos, tales como frecuentar lugares sospechosos de ser habituales sitios de reunión de maleantes o carecer de domicilio conocido. Esto abrió la puerta a que la “Gandula” fuera también una ley utilizada políticamente.

El Frente Popular estableció el compromiso explícito de corregir los efectos negativos de la Ley de Orden Público de 1932 y la Ley de Vagos de 1933. Los representantes de la izquierda obrera así se lo solicitaron y así quedó establecido en el programa.

El punto álgido de la cuestión de orden público fue la matanza de Casas Viejas de 1933, puntilla que recibió el gobierno de coalición de Azaña, sometido entonces a una quiebra latente con sus socios socialistas. El público en general había reaccionado positivamente a la contundencia con que el gobierno había actuado con respecto a las sublevaciones anarquistas del Llobregat o a la Sanjurjada de Sevilla, y había tenido la oportunidad de mostrar su rostro humanitario, evitando los fusilamientos de detenidos, concediendo el indulto a José Sanjurjo y liberando a los anarquistas que iban camino de la Guinea española en barco en condiciones no demasiado salubres. Pero en 1933 la lentitud en al puesta en marcha de la reformas, especialmente la reforma agraria; la obstrucción con la que se topaban sobre el terreno los delegados del ministerio del Trabajo, los gobernadores civiles o los técnicos del Instituto para la Reforma Agraria por parte de los propietarios o los miembros de la fuerza pública; la obstrucción no menos importante a los proyectos legislativos por parte de las minorías católico-agraria y radical y la dura legislación de orden público actuaron como detonantes para que los socialistas, en cuyo seno ganaba peso la opinión del ministro de Trabajo Francisco Largo Caballero, se mostrasen decepcionados con la República democrática y avanzasen hacia posturas más radicales. Casas Viejas fue el corolario de todo aquello. La represión brutal de un movimiento insurreccional realizado por gentes pobres y semianalfabetas en esta localidad gaditana, que no respondían al canon de revolucionarios conscientes que “se la jugaban” como había sucedido, por ejemplo, en el Llobregat, deparó fuertes críticas tanto por parte de una derecha oportunista como por parte de la izquierda. Azaña, su ministro de Gobernación Casares Quiroga y su director general de Seguridad, Arturo Menéndez, fueron culpados de haber dado las brutales instrucciones bajo las que actuaron los guardias de Asalto al mando del capitán Rojas, que insistió en la mentira de que cumplía órdenes de arriba para desatar la matanza. El juicio por estos acontecimientos, realizado en la etapa del “bienio negro”, demostró que Rojas -sentenciado a veintiún años de prisión- mentía y que Azaña, Casares y Menéndez jamás ordenaron la masacre ni que el primero dijo nunca aquello de “los tiros a la barriga”. A pesar de eso, la oposición halló moralmente responsable al gobierno, los socialistas terminaron de concluir que la República “burguesa” no ofrecía posibilidades para la realización de una política socialista y la derecha se aprovechó, una vez más, de aquello para su posterior triunfo electoral.

OCTUBRE DE 1934 Y SUS CONSECUENCIAS

Votad al Frente Popular 1A lo largo del segundo bienio republicano -bienio radical-cedista, bienio de derechas o “bienio negro”- de 1933-1936, la obra e rectificación llevada a cabo por el Partido Radical, la CEDA y otros partidos minoritarios de la derecha (Agrarios, Liberal-Demócratas o Progresistas), la tónica general fue la preponderancia de la coalición de Gil Robles en el panorama parlamentario, con objeto de ir haciéndose poco a poco con el poder y una vez alcanzado el gobierno proceder al desmontaje efectivo de la constitución de 1931 y efectuar el giro de la República democrática hacia un Estado de signo corporativo fascistizante. Gil Robles, desde su escaño en las Cortes de 1931 por los agrarios, había llevado a cabo la estrategia de los propietarios para obstaculizar la legislación social en el campo de la coalición de republicanos de izquierda y socialistas, y era un discípulo del canciller austriaco Engelbert Dollfuss. Su viaje de novios a Alemania le demostró las posibilidades del nazismo y constituía un peligro para los trabajadores españoles, que en aquellos años observaron como el desmontaje de la obra republicana del primer bienio, los amenazantes discursos realizados en atalayas especialmente significativas para los nostálgicos de la “españolidad” por Gil Robles (El Escorial, más adelante Covadonga) y las amenazas internacionales del fascismo en expansión (Alemania, Austria) les llevaron a pensar que era necesario luchar antes que verse arrastrados sin más por la misma corriente que llevó a la desaparición a los movimientos obreros germano y austriaco.

El discurso socialista se fue, por otra parte, radicalizando debido a las promesas incumplidas del primer bienio y los obstáculos encontrados para su realización precisamente en la obstrucción parlamentaria de las derechas. Los caballeristas pronto desplazaron en los cargos de la dirección ejecutiva a los partidarios del veterano Julián Besteiro y también en la sección sindical más importante de la UGT, la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT), donde Ricardo Zabalza sustituyó a Lucio Martínez Gil. Incluso el moderado Indalecio Prieto, que junto a Fernando de los Ríos -el otro ministro socialista en el gabinete de coalición del primer bienio- había sido partidario de continuar la coalición electoral (cuya ruptura fue causa clave de la gran derrota de las izquierdas en las elecciones de 1933) se vio obligado a asumir el lenguaje radical caballerista, aunque sus convicciones estaban muy alejadas de las de Largo.

El discurso radical del PSOE en aquel segundo bienio respondía no tanto a la intención de establecer una “dictadura del proletariado” -objetivo muchas veces señalado por Largo, pero sin que explicara concretamente cómo, ni cuándo, sería llevado a cabo, perdiéndose en generalizaciones vagas- como a la de forzar al presidente de la República, Alcalá Zamora, a convocar elecciones o vetar la entrada de un partido de dudoso republicanismo (es decir, para el lenguaje al uso de la época, de dudosas convicciones democráticas) como la CEDA en responsabilidades de gobierno. Por eso, perdiéndose en amenazas inconcretas de revolución que nunca esperaron llevar a cabo, al llegar octubre de 1934 y entrar la CEDA en el gobierno con tres puestos, la revolución fue mal planificada y mal llevada a cabo salvo en Asturias por las dudas, la escasa planificación y las vacilaciones internas del socialismo español.

El Partido Radical en el gobierno, obligado para poder disfrutar de las mieles del poder a condescender con las exigencias de la CEDA (de cuyo apoyo parlamentario precisaba), llevaba a cabo la primera etapa del plan de Gil Robles: “apoyar a Lerrroux, primero; colaborar con Lerroux, después; sustituir a Lerroux más tarde”. Sin prisa, la CEDA obligaba a derogar, tergiversar en sus planteamientos y objetivos, o paralizar la reforma agraria, las leyes de Laboreo Forzoso, Términos Municipales o Jurados Mixtos; amnistiar a los encartados por la “Sanjurjada” y devolver sus tierras a la grandeza de España expropiada por su implicación en tal golpe; continuar con la subvención estatal al clero y dejar impunes las actuaciones de los propietarios en el campo, que forzaban a trabajar por salarios bajísimos. La CNT, fiel a su estrategia de acción directa, planeó nuevamente una insurrección fallida en Zaragoza nada más conocerse los resultados electorales. La nueva FETT socialista, sin embargo, en vez de radicalizarse como era de esperar por la nueva etapa del socialismo y por la situación terrible que se fue abriendo en el campo (elevado paro, jornales en continuado descenso y yunteros expulsados de las tierras concedidas por el IRA) llevó a cabo una huelga general convocada conforme a la legalidad, que fue considerada sin embargo poco menos que revolucionaria por el ministro Salazar Alonso, un hombre que tenía la obsesión paranoide de ver revolucionarios por todas partes. La detención de miles de campesinos y su liberación sin medios de volver a casa lejos de sus hogares, la detención ilegal de parlamentarios socialistas, la suspensión de ayuntamientos de izquierda en Extremadura (principal foco de la huelga) y las palizas de las fuerzas de seguridad alimentaron la sensación en la izquierda obrera de que el gobierno radical y sus aliados cedistas iban camino de establecer en España un gobierno fascista.

En ese año 1934 la Generalitat de la Cataluña autónoma procedió a legislar sobre contratos de arrendamiento agrícola en su territorio, desarrollando una ley con la que ayudar a los arrendatarios de tierras y protegerles frente a alzas en las rentas y desahucios arbitrarios. La Llei de Contractes de Conreu (Ley de Contratos de Cultivo), o “Llei de Rabassaires”, fue llevada al Tribunal de Garantías por parte del gobierno a instancias de la CEDA y los propietarios catalanes por entender que la Generalitat no tenía competencias en dicha materia. El Tribunal, que por razón del sistema de elección de sus miembros había sido objeto de una politización no prevista por los constituyentes de 1931, falló a favor de los demandantes. La Generalitat, sin embargo, no aceptó el fallo y se produjo entonces una negociación entre el gobierno de Madrid, presidido por un hombre de talante dialogante pero también timorato ante la CEDA, Ricardo Samper, y el presidente catalán Lluís Companys. La negociación podía haber sido un éxito de no ser porque la CEDA, en octubre, forzó la caída de Samper e inició el camino de la revuelta en Cataluña.

Los radicales y la CEDA fueron forjándose cada día nuevos enemigos. Alcalá Zamora no quería ver a Gil Robles en la presidencia del gobierno y Lerroux, hombre corrupto interesado en continuar haciendo los viejos negocios turbios de la época en que era denominado “emperador del Paralelo”, era asimismo insoportable para él. Catalanes -a causa de la ley de “rabassaires”- y vascos -como consecuencia del rechazo cedista a la negociación de nuevos estatutos y a abrir vías acerca del concierto económico, institución histórica que la República contemplaba como parte de la autonomía municipal y regional establecida en la Constitución y en la Ley Municipal- mostraban también su tirantez con el gobierno central. Y republicanos no precisamente de planteamientos radicales expresaban también su rechazo a las maniobras del gobierno y de la CEDA. Martínez Barrio y Félix Gordón Ordás habían abandonado las filas del Partido Radical por su discordancia con el seguidismo que la formación hacía de la CEDA; Ángel Ossorio y Gallardo se refería al gobierno radical-cedista como “la República desfigurada” y cuando el 4 de octubre de 1934 tres ministros cedistas pasaban a formar parte de un nuevo gobierno de coalición con los radicales presidido por Lerroux, los partidos republicanos de oposición, incluyendo la Derecha Liberal Republicana del católico Miguel Maura, rompían toda solidaridad con el gobierno y con lo que, en las duras palabras del mencionado Maura, consideraban “un régimen que se ha traicionado a sí mismo y a los que lucharon por él tan valientemente”.

Para el PSOE y los grupos de la izquierda obrera que llegaron a forjar la Alianza Obrera en Asturias (los sindicatos de la UGT y la CNT y el pequeño PCE) se cumplía el vaticinio de que la CEDA tenía el camino franco para instaurar una dictadura fascista en España. Y por otro lado la entrada en el gobierno de los ministros cedistas, la “línea roja” para desencadenar el movimiento revolucionario, había tenido lugar. No estaban preparados: la represión de la huelga campesina de junio, la falta de planificación y el exceso verbal de Caballero que demostraba aquello de “perro ladrador poco mordedor” eran síntomas de que la huelga revolucionaria sería un fracaso. Prieto y los moderados del partido, aún sin estar de acuerdo con el plan, mostraron el sentimiento de disciplina y solidaridad del que hacía gala el PSOE y aceptaron seguir adelante. Para las masas obreras era el momento de llevar a cabo el lema que fue corriendo en sus mentes en aquellos días: “Antes Viena que Berlín”. Antes resistir como los socialistas austriacos que dejarse conducir al degolladero sin resistencia como había ocurrido con las organizaciones obreras alemanas.

La revolución fue un fracaso salvo en Asturias, donde se demostró que a las derechas españolas les importaba poco hollar la única tierra peninsular que había quedado sin ser pisada por los musulmanes en la Edad Media con las botas de los regulares marroquíes y desencadenar una durísima represión con ejecuciones extrajudiciales que superaban cuanto pudiera escribir la prensa sensacionalista fiel al gobierno acerca de las atrocidades de los revolucionarios. En quince días la provincia, tras una larga resistencia de los mineros y trabajadores asturianos, quedó pacificada, pero el rastro de los detenidos en Asturias y el resto de España, la continuidad de las políticas de represión sindical, laboral y política de los elementos socialistas y republicanos de izquierda -con la suspensión de más ayuntamientos, despidos discrecionales de trabajadores y encarcelamiento de líderes políticos que tenían poco o nada que ver con la insurrección- dejó unas consecuencias patentes e inmediatas que examinaremos a continuación.

El otro foco, menos duradero, importante de la revolución de octubre fue Cataluña. La Generalitat, presionada por los elementos más independentistas de la gobernante ERC, decidió proclamar una suerte de fórmula intermedia entre el independentismo y la lealtad al gobierno central, odiado por las fuerzas progresistas de una Cataluña que era el rincón más republicano de España. Companys proclamó el “Estado catalán de la República Federal Española” e invitó a los demócratas y progresistas a instalar en Barcelona el gobierno provisional de esa nueva República Federal. La insurrección catalana fue breve, porque los independentistas de Estat Catalá no distribuyeron armas entre los obreros anarquistas, la CNT no fraguó ningún tipo de alianza obrera en Barcelona y Companys y el general Batet, un republicano moderado que se mostró leal al gobierno central pero quiso evitar un baño de sangre, se avinieron a una negociación que Franco y Yagüe jamás consintieron en Asturias. La autonomía catalana fue suspendida y la Generalitat y sus consejeros fueron encarcelados.

Las consecuencias de octubre fueron la constancia para las organizaciones obreras del fracaso de la vía insurreccional, no sólo para un PSOE y una UGT cuyos jóvenes consideraron como héroes a los revolucionarios -quienes, por otro lado, sacaron lecciones bien distintas, caso de Teodomiro Menéndez o Ramón González Peña-, sino también para una CNT que a pesar de todo dejó la acción directa para mejores tiempos y pasó a presionar de otro modo a los gobiernos en aras de conseguir sus fines. Las izquierdas republicanas, que en la figura de personalidades como Companys o Azaña -encarcelado injustamente a causa de la sublevación catalana- empezaron a vislumbrar la necesidad de recuperar la coalición entre sus grupos y con el Partido Socialista, a través de un Prieto sumamente decepcionado y en estado de “shock” por lo sucedido en Asturias. La unión de los republicanos -con pasos dados ya en 1934 con la formación de Izquierda Republicana, Unión Republicana y los contactos entre ambos y de las dos formaciones con el Partido Nacional Republicano de Sánchez Román, futuro redactor del programa del Frente Popular-, la nueva coaligación con los socialistas -que ampliarían la base del Frente Popular a otras organizaciones obreras como el PCE, abierto a la unión entre fuerzas obreras y democrático-burguesas como consecuencia de la nueva política de la Internacional Comunista para prevenir el fascismo- y la recuperación de la vía político-legal por parte de las organizaciones sindicales abrirían un horizonte esperanzador de cara a los años venideros y a una cita electoral que se antojaba pronta.

Para las derechas, sin embargo, las conclusiones fueron bien distintas. Las izquierdas habían demostrado su talante revolucionario, el peligro intrínseco que contenía su ideario y su acción. Sin embargo, su derrota y la desarticulación de sus organismos -a pesar de que no habían sido ilegalizadas- dejaban el camino libre para finalizar las etapas que convertirían a España en el estado corporativo al modo austriaco o alemán que deseaban Gil Robles y la CEDA. Para alcanzarlo, sin embargo, había un obstáculo: la intransigencia de Alcalá Zamora a nombrarle jefe del gobierno. La sucesiva obstrucción parlamentaria a los independientes -Chapaprieta, Portela Valladares- que el presidente de la República nombraba como primeros ministros y las maniobras para colocar a militares antirrepublicanos que el líder cedista realizaba desde su puesto de ministro de Guerra (Franco o Manuel Goded, entre otros) iban destinados a asegurar, por un lado, que el fuera el próximo jefe de gobierno. Y por otro, por si acaso, a asegurarse que el poder fuera suyo mediante un golpe de Estado.

Cuando la situación política se hizo insostenible a finales de 1935, Alcalá Zamora se negó nuevamente a nombrar jefe de gobierno a Gil Robles y encargó a Portela presidir un gobierno que convocara elecciones. La furia del abogado salmantino fue terrible, pero aún confiaba en ganar las elecciones de febrero de 1936. La sorpresa fue sin embargo la victoria de la izquierda. Y el Frente Popular, sin embargo, pese a lo que se ha considerado, no era una coalición que abría las puertas a la guerra civil. Era una coalición para restaurar la democracia dañada y recuperar la convivencia en una República que aún podía avanzar por el camino de la paz.

EL PROGRAMA DEL FRENTE POPULAR

Una cuestión que levantó ataques entre la “coalición” derechista -no hubo tal coalición, sino que cada organización de la derecha se coaligó en las provincias con quien le pareció oportuno, por lo que en 1936 a la derecha le ocurrió lo mismo que a los republicanos de izquierda y a los socialistas en 1933, que acudieron desunidos- fue que el programa del Frente Popular fuese tan moderado, y que por tanto la única conclusión posible que podía sacarse era que había una serie de cláusulas ocultas que no habían trascendido a la opinión pública. Al Frente Popular le bastaba básicamente con prometer la amnistía a los represaliados por la revolución de octubre para ganar, pero su programa era de un alcance mucho mayor. Era a un tiempo recuperar la senda del bienio progresista y corregir los errores que habían tenido lugar en aquellos años previos. En suma, proseguir con la tarea de construir y consolidar la democracia en España.

Los partidos coaligados en el Frente Popular fueron Izquierda Republicana -formado en 1934 con la unión de la Acción Republicana de Azaña, los republicanos liberales gallegos de Casares Quiroga y los radical-socialistas independientes, la facción más a la izquierda del partido, liderada por Marcelino Domingo y de la que formaba parte también la recordada primera directora general de prisiones de la República, Victoria Kent-, Unión Republicana -con los radical-socialistas de derecha de Gordón Ordás y los radicales disidentes de Martínez Barrio-, el PSOE, el Partido Comunista, el recientemente formado Partido Sindicalista -fundado por antiguo líder anarquista moderado Ángel Pestaña-, el minoritario aunque especialmente importante en Cataluña Partido Obrero de Unificación Marxista y los grupos nacionalistas y regionalistas de ERC, Acción Nacionalista Vasca -escisión por la izquierda del PNV- Esquerra Valenciana y el Partido Galeguista del importante líder nacionalista Alfonso Rodríguez Castelao. Contó con el apoyo de la UGT, las Juventudes Socialistas e incluso de la CNT, que recomendó a sus militantes votar. Lo más curioso fue que el grupo del catedrático Felipe Sánchez Román, el Partido Nacional Republicano, con el que Azaña y Martínez Barrio tuvieron encuentros a lo largo de 1934 y 1935 para forjar la unión de los republicanos, no formó parte del Frente Popular por su oposición a que en él estuvieroan presentes los comunistas. Sánchez Román, sin embargo, fue el redactor del programa. Un programa que, si se estudia atentamente, puede observarse como un ejemplo de lo que es una regeneración democrática, concepto tan traído y llevado en nuestros días.

En su primer punto, los grupos del Frente Popular se comprometían a la concesión de “una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934 (por la que fueron amnistiados los implicados en la Sanjurjada de agosto de 1932).” Un supuesto, el de la amnistía especialmente a los represaliados de octubre de 1934, que la coalición consideraba de “paz pública”, con objeto de iniciar un tiempo nuevo de convivencia. Asimismo, tras observar el oportunismo del que se había hecho gala con el uso político de la “Gandula”, y como una medida solicitada por los grupos obreros, la coalición establecía que “se revisarán, con arreglo a la ley, las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos por motivos de carácter político.” Y, debido a la falta de establecimientos en los que poder desarrollar los programas rehabilitadores que estaban establecidos -tales como centros de desintoxicación o talleres formativos- que hacían que muchos detenidos por la ley de Vagos acabaran en prisión sin ser ese su destino, “hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideales o actuaciones políticas.” Era -y fue, de hecho, en los meses siguientes, como señalan estudios locales- un triunfo especialmente de los anarquistas, muy perjudicados por la aplicación arbitraria de la ley, y de la razón.

Los puntos dos y tres establecían el compromiso de la coalición en restablecer en sus puestos a los funcionarios, obreros de las empresas públicas o relacionadas con el Estado y de las empresas privadas que hubieran sido cesados en sus funciones o despedidos sin garantía o por motivos políticos. Era un punto adyacente a la concesión de la amnistía, aunque el proceso -que debería ser sometido a mecanismos legales- iba a ser largo y lleno de obstáculos, por el volumen de personas a las que afectaba. Sin embargo, esto no significaba un triunfo de los revolucionarios en sentido estricto, pues el Frente Popular también garantizaba en el punto 3 que “se promulgará una ley concediendo a las familias de las víctimas producidas por las fuerzas revolucionarias o por actos ilegales de la autoridad y la fuerza pública en la represión la adecuada reparación del daño inferido a las personas.” Es decir, se reconocía el derecho a una indemnización a quienes hubieran sufrido abusos de la autoridad en la represión de octubre, pero asimismo a quienes padecieron ataques y violencia por parte de los revolucionarios, en un gesto conciliador muy necesario en aquellos tiempos.

El punto tercero se extendía más aún en una serie de medidas con las que se deseaba afianzar la democracia con la mejora del funcionamiento de las instituciones del Estado, en especial la administración de Justicia y las fuerzas de Seguridad, y evitar el uso abusivo de los estados de alarma previstos en la ley de Orden Público. Así, se establecía la muy necesaria reforma del sistema de elección de miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales; finalizar la redacción y promulgación de las leyes orgánicas previstas en la Constitución “especialmente las leyes Provincial y Municipal, que deberán inspirarse en el respeto más riguroso a los principios declarados en aquélla”; la mejora del funcionamiento del Parlamento con la “reforma de su reglamento, modificando la estructura y funciones de las Comisiones parlamentarias, a cuyo cargo correrá, con el auxilio de los organismos técnicos a ellas incorporados, el trámite formativo de las leyes”; la reorganización de la Justicia para dotarla de los criterios de independencia e igualdad jurídica establecidos en la carta magna del treinta y uno (“se simplificarán los procedimientos en lo civil; se imprimirá mayor rapidez al recurso ante los Tribunales Contencioso-administrativos, ampliando su competencia, y se rodeará de mayores garantías al inculpado en lo criminal. Se limitarán los fueros especiales, singularmente el castrense, a los delitos netamente militares. Y se humanizará el régimen de prisiones, aboliendo malos tratos o incomunicaciones no decretadas judicialmente”) y, en lo tocante a reclamaciones concretas de las fuerzas obreras, la revisión de la legislación de Orden Público “para que, sin perder nada de su eficacia defensiva, garantice mejor al ciudadano contra la arbitrariedad del Poder, adoptándose también las medidas necesarias para evitar las prórrogas abusivas de los estados de excepción” y castigar los abusos de las fuerzas de seguridad (Los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública… aconsejan llevar a cabo la investigación de responsabilidades concretas hasta el esclarecimiento de la culpa individual y su castigo. Se procederá a encuadrar las funciones de cada Instituto dentro de los fines de su respectivo reglamento; serán seleccionados sus mandos y se sancionará con la separación del servicio a todo agente que haya incurrido en malos tratos o parcialidad política. El Cuerpo de Vigilancia se organizará con funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen).

Los puntos siguientes del programa (del 4 al 7) hacen referencia a la necesidad de continuar y profundizar en las reformas económicas y sociales del bienio republicano-socialista, paralizadas o derogadas “de facto” o con firma en la Gaceta por parte de los gobiernos radical-cedistas. Como punto primordial, la reforma agraria -el fracaso del bienio progresista por su escaso entusiasmo y su cortedad de miras-. Así, al tiempo que señalaban su limitación al no aceptar la nacionalización de la tierra -al igual que harían con respecto a la de la banca o la industria- proponían sin embargo “una serie de medidas que se proponen la redención del campesino y del cultivador medio y pequeño”: una nueva Ley de Arrendamientos, asentamientos de familias con auxilio técnico-financiero del IRA, el rescate de los bienes comunales enajenados a los municipios, el estímulo de las formas de propiedad colectiva o la derogación de la normativa que acordó la devolución de las tierras a los grandes de España.

En cuanto a la industria, y siguiendo con la tónica general proteccionista que se seguía en aquellos años de la Depresión, “procederá un sistema de leyes que fije las bases de la protección a la industria, comprendiendo las arancelarias, exenciones fiscales, métodos de coordinación, regulación de mercados y demás medios de auxilio que el Estado dispense en interés de la producción nacional, promoviendo el saneamiento financiero de las industrias, a fin de aligerar cargas de especulación que, gravando su rentabilidad, entorpece su desenvolvimiento.”

Las obras públicas serían nuevamente impulsadas para la absorción del paro obrero y para que infraestructuras en las que España era deficitaria se desarrollaran convenientemente. En concreto, se establecía que se llevarán a cabo grandes planes de construcciones de viviendas urbanas y rurales, servicios cooperativos y comunales, puertos, vías de comunicación, obras de riego o implantación de regadío y transformación de terreno”. Y aunque no fueran mencionada, la construcción de escuelas, paralizadas tras el cese de Filiberto Villalobos como ministro de Instrucción Pública en 1935, volverían asimismo a reanudarse con nuevos bríos.

Se someterían a controles no establecidos anteriormente a la banca -el programa no establecía ninguna nacionalización, ni tan siquiera la del Banco de España, entidad que como sucedía en otros casos (Francia o Gran Bretaña) estaba en manos de accionistas privados-, tales como “dirigir el Banco de España de modo que cumpla su función de regular el crédito conforme exija el interés de nuestra economía”, “someter la Banca privada a reglas de ordenación que favorezcan su liquidez” y “mejorar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro para que cumplan su papel en la creación de capitales”. En cuanto a la Hacienda, se procedería a una segunda reforma fiscal “dirigida a la mayor flexibilidad de los tributos y a la más equitativa distribución de las cargas públicas, evitando el empleo abusivo del crédito público en finalidades de consumo”.

Por último, en cuanto a medidas de índole laboral, aparte de recuperar la legislación del primer bienio, la coalición de izquierda establecía la necesidad de “restablecer la legislación social en la pureza de sus principios”, “reorganizar la jurisdicción de trabajo en condiciones de independencia” y “rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos”.

La presentación del programa a la prensa y la opinión pública, el 15 de enero de 1936, se completó con la apertura de las Cortes en marzo y la aseveración de Azaña de que al programa no se le añadiría ni se le quitaría ni una coma. Tal programa fue incluso aceptado por un católico de la oposición cedista como Giménez Fernández, ex ministro de Agricultura. Pero la obra del gobierno sería torpedeada de nuevo en las Cortes por su partido mientras en la calle se extendían los actos de violencia, iniciados por la derecha derrotada, con objeto de, como afirma Vázquez Montalbán, “crear la sensación de desorden para fomentar el deseo de orden, viniera de donde viniera” y en los cuarteles y los cenáculos se preparaba la sublevación militar que desembocaría en la guerra civil.

LAS ELECCIONES

Durante muchos años la cuestión de las elecciones de febrero de 1936 fue una de las cosas a las que se agarró el régimen de Franco y sus apologistas, fuera durante la dictadura o tras la recuperación de la democracia, para justificar su sublevación. Su razonamiento se basaba en que las elecciones no habían sido ganadas por el Frente Popular, que utilizó todo tipo de artimañas para hacerse aparecer como ganador. Esto es una falacia que se ha ido construyendo con posterioridad a las elecciones, cuyos resultados la derecha derrotada no discutió en su momento. La obra clásica de Herbert Southworth “El mito de la Cruzada de Franco” o los estudios relativos a la misma de José Venegas (en los años cuarenta) o Eduardo de Guzmán (en 1976 en la revista Tiempo de Historia) deshacen aquellos argumentos. Como señala precisamente De Guzmán, en la primera vuelta de las elecciones (la ley contemplaba tres: una adicional para los casos en los que ningún candidato o lista hubiera alcanzado el 40% de los votos y la tercera en los casos en que hubiera existido fraude) ya se había observado que el Frente Popular era el vencedor de las elecciones y su mayoría en Cortes indiscutible sin necesidad de recurrir a ninguna de las otras dos vueltas.

Celebración victoria Frente Popular plaza de CibelesSi alguien quiere el argumento de una máxima autoridad, no tiene más que ir al discurso que el jefe del gobierno, el centrista Manuel Portela Valladares, realizó al conocerse los resultados: “Las elecciones han dado la victoria al Frente Popular. Tengo, para afirmarlo, la autoridad que me da el ser presidente de este gobierno.” Y tal afirmación, además, era hecha, ni más ni menos, “para que la conducta de cada cual quede en su lugar”. Desde luego, la de Portela lo estuvo. Presionado por Gil Robles y Franco para que no dimitiera de su puesto y proclamase el estado de guerra ante las manifestaciones de júbilo por la victoria, y tras el fracaso que había supuesto la operación neocaciquil que tenía que desarrollar bajo las órdenes de Alcalá Zamora para forjar un nuevo grupo republicano de centro que fuese clave en el nuevo tiempo político (el centro portelista y el lerrouxismo se llevaron un auténtico varapalo en las elecciones) a través del manejo gubernamental de los gobiernos civiles, Portela renunció a su puesto y no proclamó el estrado de excepción general en toda España -sólo los hubo en algunas provincias-. Pero, dado que la maniobra de tratar de dominar el Parlamento con una vieja tactica monárquica (con las palabras de Arturo Barea en el libro III de “La forja de un rebelde”) había surgido en la cabeza de Alcalá Zamora, de la cual Portela sólo era el brazo ejecutor, ¿a qué esperaba el presidente de la República para dimitir a su vez?

No lo hizo. Prefirió seguir en la alta magistratura de la Nación a pesar de que su comportamiento digno ante los sucesos de Asturias -hecho muy destacado por los historiadores, pero menos que el bochornoso intento de manipulación desde las altas esferas de las elecciones de febrero- había quedado emborronado por ese mal uso de la presidencia. Alcalá Zamora, destituido de la presidencia en abril por las nuevas Cortes -en realidad, se hizo bajo el precepto constitucional de hallar injustificada la segunda disolución de la Cámara, lo que en realidad escondía que realmente se le reprochaba el haberla disuelto demasiado tarde y por el peligro de que propiciase una involución hacia la derecha, como afirma Gerald Brenan, bien pudiera ser que realizando una tercera e inconstitucional disolución del Parlamento durante su mandato-, salió “tarifando” contra el Frente Popular diciendo que había ganado las elecciones con manejos caciquiles, robando escaños al adversario con el propósito, entre otros muchos y por supuesto todos espurios, de removerle del sillón. Lo curioso es que, en lugar de denunciar esto en su día, lo hiciera al igual que los franquistas y quienes apoyaban a los sublevados durante la guerra (Serrano Suñer, por ejemplo, el “Cuñadísimo” que redactó el Dictamen de Ilegitimidad de los Poderes Actuantes el 18 de Julio) “a toro pasado”. En el caso de Alcalá Zamora, mientras se encontraba en su primera etapa del exilio en Suiza.

El examen para validar las actas de diputados electos por las Cortes fue uno de los aspectos más arduos a los que se tuvo que enfrentar el nuevo parlamento, que lo realizó durante un tiempo prolongado y de un modo bastante exhaustivo, lo cual llevó a paralizar por bastante tiempo la actividad legislativa normal. La opinión general de las derechas fue la de que la razón de su derrota había sido la división con que habían concurrido a las urnas. Una división que el monárquico extremista José Calvo Sotelo achacó a la pésima táctica de Gil Robles, que se negó a plantear una estrategia de coalición global en todo el país, y que el líder falangista José Antonio lo hizo al excesivo triunfalismo de las derechas. En provincias en las que había habido sospechas de amaños, como fue el caso de Pontevedra, los candidatos derechistas (como Barros de Lys) no discutieron el triunfo frentepopulista, señalando que sus quejas se referían a disputas entre el centro portelista y su grupo. En Ourense, el feudo de Calvo Sotelo, a quien los manejos señalaban era al propio líder monárquico, pese a lo cual su acta fue validada. Y en provincias como Granada o Cuenca se repitieron las elecciones ante las denuncias de fraude.

Sea como fuere, el triunfo de las fuerzas del Frente Popular fue discutido sólo a partir del momento en que interesó presentar a la coalición como origen de todo mal y para que quienes se levantaron frente al gobierno legal no pasaran como tales, es decir, como puestos en una situación de rebeldía ante las legítimas autoridades. Un periodista británico contemporáneo de los acontecimientos, como recoge el ya mencionado Southworth, llegó incluso a afirmar que si en la joven República se hubieran seguido las normas electorales que regían en una democracia consolidada como Gran Bretaña, el triunfo del Frente Popular hubiera sido más contundente aún. Leyendo las acusaciones que Brenan lanza a los derechistas -cuya fuerza de coacción e intimidación, y sus recursos económicos y financieros, eran mayores que los de las izquierdas- sobre fraude electoral en “El laberinto español” no resulta nada extraño dicho comentario.

EL FRENTE POPULAR COMO UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

Elección de Manuel Azaña como presidente de la República en 1936 por los diputados y compromisarios. Pabellón de Cristal de El Retiro. Madrid.La etapa del Frente Popular de febrero a julio de 1936 ha sido una época que se ha querido enterrar, porque su complejidad obstaculiza el argumentario clásico franquista de la necesidad de salvar España o el de la transición equidistante de los setenta que ponía de manifiesto el carácter cainita de los españoles, la existencia de “dos Españas” en conflicto latente por entonces, superado por suerte en aquellos años para construir un modelo democrático que tenía que resultar más perfecto y mejor por cuanto se desterró el fantasma de la guerra civil -un fantasma convenientemente explotado para fomentar la solución pactada, por otra parte, y el razonamiento de que el camino que el camino que se hacía era el único válido-. Sin embargo, ni el Frente Popular y con él la República estaban abocados a sucumbir en una sublevación convertida por su fracaso parcial en una guerra civil de casi tres años; ni la violencia política era tan grave que no hubiera otro país en aquella o en otras épocas que no la padeciera en grado similar, sin necesidad de que desembocara en un conflicto armado o que no pronto pudiera diluirse; ni la inacción gubernamental o el “izquierdismo infantil” de los socialistas cosas tan evidentes como para hacer creer que España estaba sumida en el caos o en el peligro de una revolución social inminente que el golpe se encargó de detener.

El Frente Popular fue una oportunidad perdida en el sentido en que era una oportunidad que tuvo la República para asentarse como un régimen democrático y social, pero que sus enemigos derechistas -monárquicos alfonsinos, católicos intransigentes, falangistas y japistas, propietarios-, al igual que hicieron mediante las otras dos tácticas seguidas en los años previos, la obstrucción parlamentaria y la conquista legal del poder para la transformación del Estado democrático en uno corporativo-fascistizante, decidieron destruir finalmente con una tercera táctica que nunca descartaron: el pronunciamiento militar. Poco o nada había en la coalición de izquierdas que hiciera temer una toma violenta por estos del poder y la instauración de la temida República soviética. Las declaraciones de Largo Caballero en ese sentido tenían poco que ver con una realidad en la que, como sucediera en octubre de 1934, los planes no existían, salvo en la imaginación de unos cuantos escritorzuelos de la derecha que se inventaron unos documentos secretos sobre un plan para establecer un gobierno soviético en España con objeto de justificar el alzamiento militar. Una imaginación desbordante en la que se mezclaban dirigentes que poco tenían que ver, en cuanto a comportamiento y talante, los unos con los otros, como el socialista moderado Jiménez de Asúa y el anarquista David Antona.

El Frente Popular tenía que satisfacer las demandas populares insatisfechas u objeto de injusticias que a lo largo del segundo bienio habían sido deliberadamente postergadas, pero al mismo tiempo tenía que exhibir moderación para no romper un precario equilibrio que hiciera desbordar por la izquierda la coalición o lanzara a las derechas fuera de la legalidad -camino que, sin embargo, ya se había escogido desde que se conociera la victoria electoral-. El Frente Popular establecía que la acción de gobierno sería llevada a cabo por los partidos republicanos con el apoyo en el parlamento de las fuerzas obreras, una limitación que buscaba mostrar la imagen de moderación con la que concurrían, pero que a la larga llevó consigo serias limitaciones (un gobierno con la presencia de fuerzas obreras sería más respetado por las masas trabajadoras). Un aspecto fundamental para entender la reacción de los campesinos, los trabajadores industriales o los represaliados por la represión de octubre, con ocupaciones de fincas o huelgas locales o generales en sectores y oficios como la construcción, los operarios de ascensores, dependientes de comercio, tranviarios o ferrocarriles durante aquel tiempo estribaba en la actuación de los gobiernos radical-cedistas durante los dos años inmediatamente anteriores. Si antes de octubre la legislación reformista había sufrido un importante revés, tras la revolución de aquel mes el recorte en derechos, presupuestos y acción sindical había sido tan drástico que no podía esperarse otra cosa en cuanto las izquierdas llegaran al poder. Los ministros de Agricultura,  Mariano Ruiz Funes, y de Trabajo, Joan Lluhí Vallescá, reemprendieron con mayor fuerza la reforma agraria, reasentaron a los yunteros expulsados en Extremadura, realizaron asentamientos de cientos de miles de familias en las provincias de Cáceres, Badajoz, Cádiz, Toledo, Jaén o Salamanca, abordaron el problema del rescate de los bienes comunales y emprendieron reformas laborales como la semana de 40 horas -una demanda común en casi todas las huelgas de aquellos meses- o la ampliación del período de vacaciones pagadas. Los conflictos laborales no fueron considerados como un problema de orden público: no hubo una represión como la sucedida en el caso de insurrecciones del primer bienio (bien es cierto que tampoco hubo insurrecciones) y la resolución de los conflictos se realizó a través de arbitraje gubernamental o los Jurados Mixtos, cuyo funcionamiento fue restituido tras la pérdida de su sentido durante el “bienio negro”.

Ocupación de fincas por los jornaleros. Badajoz. Marzo 1936.El gobierno y la Iglesia inauguraban asimismo un tiempo nuevo. Las procesiones de Semana Santa pudieron volver a salir, en ocasiones, como en Sevilla, bajo un fuerte dispositivo de seguridad para evitar incidentes. Los institutos de secundaria eclesiásticos no fueron cerrados y el embajador nombrado por el gobierno republicano-socialista en 1931, Luis de Zulueta, esta vez sí recibió el “plácet” para acudir a la Santa Sede a representar a la República en el Vaticano. Incluso cuando el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, acudió desde Sevilla para hacerse cargo provisionalmente de la presidencia de la República, una de las personalidades locales que acudió a despedirle fue el arzobispo de la ciudad, monseñor Ilundáin. La estrategia de contemporización patrocinada por el nuncio Tedeschini y el dialogante obispo de Tarragona Vidal i Barraquer parecía por fin dar sus frutos.

Se buscó solucionar también el problema de la situación de “limbo legal” en que vivían los ayuntamientos, dado que la mayoría de ellos -excepción hecha de los catalanes, que por legislación especial propia fueron renovados en 1934, y los que fueron elegidos en 1933- no habían sido renovados como exigía la Constitución y seguían siendo los mismos desde el 14 de abril del treinta y uno. El gobierno convocó elecciones para abril de 1936, pero la prontitud en la convocatoria fue criticada por la oposición de derechas por la situación política convulsa y porque la fecha temprana favorecería a las izquierdas. Finalmente, las elecciones se pospusieron para noviembre.

El gobierno, asimismo, restauró la Generalitat de Cataluña suspendida tras los acontecimientos que tuvieron lugar en la región en octubre de 1934 y la declaración del Estado catalán en Barcelona por parte de Companys. Los estatutos de autonomía de Galicia -votado en la primavera de 1936 en plebiscito- y Euskadi iban a ser objeto de pronta discusión y aprobación en las Cortes tras unos años en los que el gobierno radical-cedista se había opuesto a nuevos estatutos, y en otras regiones, como Aragón, Baleares, León y Castilla la Vieja o el País Valenciano se redactaban también sus propios proyectos estatutarios. La actividad legislativa, que casi siempre estaba marcada por los debates sobre el orden público o los intentos obstruccionistas de una derecha cuyos planes de insurrección seguían en paralelo a su presencia en las Cortes, casi siempre para utilizarla como tribuna de propaganda contra la labor gubernamental, se complementó en aquellos días con decisiones tan importantes como la reforma de la elección de los miembros del Tribunal de Garantías por parte de las regiones -aspecto que había levantado muchos quebraderos de cabeza durante el proceso de redacción de la ley orgánica del Tribunal- o el proyecto de ley de intervención estatal de los ferrocarriles, con objeto de someter a un mayor control y fiscalización del Estado a las compañías ferroviarias privadas que por entonces se encargaban de la explotación de las líneas.

Al Frente Popular se le ha achacado su incapacidad para controlar los actos de violencia que tenían lugar en las calles, con ataques de los grupos armados de extrema derecha -falangistas y miembros de las juventudes de la CEDA, las Juventudes de Acción Popular o JAP, que se acabarían pasando en masa a Falange en los meses previos a la insurrección- y casi siempre la respuesta de las Juventudes Socialistas o Comunistas, unificadas en las JSU. Un aspecto a considerar, cosa que no siempre se ha hecho, es que los pistoleros de Falange -que llevaba recibiendo financiación de los grupos monárquicos desde la época del primer bienio- eran gente pagada por las derechas que formaban parte de la trama civil del alzamiento en ciernes -diputados monárquicos, cedistas y carlistas como Goicoechea, el conde de Rodezno, José Calvo Sotelo, el líder de la JAP Serrano Suñer o el propio Gil Robles, aunque desde una posición más secundaria-. Y otro segundo aspecto en el aumento de la violencia en esos meses, en un proceso que iba “in crescendo” desde 1934 y 1935, fue el gran número de licencias privadas de armas concedidas por parte de la administración radical-cedista a lo largo de esos dos años, lo que hizo que personas de dudosa moralidad, escasa fidelidad a la República y con conexiones con las clases privilegiadas, cuando no formando parte de las mismas -propietarios, capataces, guardeses, guardias jurados de fincas rústicas- se hicieran con un pequeño arsenal que ni por asomo tenían los campesinos o los obreros y los jóvenes de las JSU que se iban a hacer muy precarias maniobras de tiro a la Casa de Campo madrileña. Cabe por tanto preguntarse si el Frente Popular, como afirman algunos, estimuló la violencia o se encontró con una situación heredada ante la que habría que ver cómo hubieran podido actuar otros en sus circunstancias.

Ricardo Zabalza, el líder de la federación agraria sindical de la UGT, la FETT, denunciaba esta situación y proponía al gobierno el desarme de estos “elementos fascistas” y la creación de Milicias Populares. El gobierno, temiendo -como pasaría durante los primeros meses de la guerra en la retaguardia republicana- que las armas en manos de las masas obreras llevasen a situaciones de descontrol y conatos revolucionarios que perjudicasen aún más su labor gubernativa, se negó a tal proposición. Pero no es cierto que se quedase de brazos cruzados: en esos meses Falange fue ilegalizada, se había procedido a la detención de miembros de este partido, de la Comunión Tradicionalista y de la JAP que formaban parte de la “trama civil” golpista, se había desarticulado una red de complotadores con base en Alcalá de Henares y se había procedido a la separación de sus funciones de jueces y de los gobernadores civiles de las provincias de Sevilla, Huelva, Málaga, Castellón, Lugo, Ourense, Ciudad Real, Santander, Toledo, Huesca y Albacete. En algunos casos, como en Málaga, donde habían tenido lugar hechos sangrientos que habían llevado al asesinato del presidente de la Diputación Provincial y de una niña de corta edad, se ordenó la revocación de todos los permisos de armas y el cierre de los locales anarcosindicalistas. Un cierre de locales que se repitió, para el caso de las organizaciones obreras y de extrema derecha, como medida preventiva con el fin de evitar desórdenes callejeros al tener lugar el asesinato de Calvo Sotelo en Madrid.

Sin embargo, cuando se le plantearon al gobierno medidas extraordinarias como gobernar por decreto o fue propuesta en el diario madrileño El Sol la idea de Miguel Maura de crear una “dictadura de salvación nacional republicana”, el gobierno tampoco consideró estas soluciones porque hubiera supuesto el fin por tiempo indefinido de la República democrática. Por eso, no dejará de sorprender a algunas personas el que el premio Pullitzer de periodismo 1934, el estadounidense Frederick T. Birchall, escribiera un artículo en el New York Times afirmando que lo extraño era que en España los desórdenes no fueran todavía mayores, teniendo en cuenta la desigualdad económica y la pobreza de muchos sectores de la población, que por entonces vivía mayoritariamente de la agricultura. Para Birchall, el gobierno frentepopulista estaba haciéndolo “lo mejor que podía” y recordaba que las transformaciones económicas necesarias eran de tal magnitud que precisaban de un gobierno fuerte para que en España se pudieran lograr esas mencionadas transformaciones a través del camino de la reforma, pues tales transformaciones en otros países de Europa habían necesitado de revoluciones para ser realizadas.

La perspectiva de un gobierno fuerte era lo que más parecía alejarse mientras el PSOE y la UGT seguían dominados por el lenguaje calificado como de “izquierdismo infantil” de Largo Caballero, que deseaba establecer una alianza con la CNT y el PCE. El PCE, sin embargo, fiel a la nueva estrategia de los Frentes Populares y la colaboración con las fuerzas democrático-burguesas preconizada por la Tercera Internacional y por la URSS, no estaba en la misma sintonía que el viejo líder sindical. Por otro lado, si existió una especia de “entente” entre los dos sindicatos a lo largo del periodo huelguístico de la primavera, pasado algún tiempo el propio Largo y su compañero en la senda revolucionaria y en la redacción del diario caballerista Claridad, Luis Araquistáin, se mostrarían espantados ante ciertas tácticas cenetistas y ante el propio peligro que suponía un proceso de huelgas constantes que minarían la autoridad de un gobierno necesitado de apoyos, como era el de Casares Quiroga, y abriría la puerta para que las clases medias se pasasen al fascismo, tal y como había denunciado su rival en la ejecutiva del PSOE, Indalecio Prieto. Dirigentes del partido y del sindicato, como Negrín, Jiménez de Asúa o González Peña hubieran deseado que Prieto se hiciese cargo del gobierno cuando Azaña lo dejó para hacerse cargo de la presidencia de la República, pero la oposición de los fieles a Largo lo impidió, dejando en manos de un republicano -que era lo que, por otra parte, establecía el pacto frentepopulista- aunque enfermo el mando del ejecutivo. Sin embargo, tal y como preveía Azaña, cuando lamentablemente tuvo lugar la insurrección militar del 18 de julio, el entusiasmo revolucionario estaba pasando y los socialistas de Largo estaban cediendo en dos direcciones: una, en la ejecutiva, a la espera del congreso del partido en otoño, frente a los moderados de Prieto; y otra, en sus planteamientos, llamando públicamente “a no minar la autoridad del gobierno Casares”. Esto abría sin duda nuevas perspectivas de colaboración socialista en el seno del Frente Popular a medio plazo, con la presencia de un socialista moderado como jefe del gobierno (algo que sucedería en la guerra, cuando el doctor Juan Negrín se hizo cargo de la presidencia del consejo de Ministros en mayo de 1937, sustituyendo a un Largo Caballero que si bien no era moderado desde luego mostró una actitud propia de tal).

Los portavoces de la derecha en el parlamento acudieron con informes catastrofistas sobre la situación del orden público y a partir de un cierto momento ni siquiera se cortaban en proponer soluciones de fuerza como la que tendría lugar, con su apoyo o asentimiento, con la sublevación militar de julio. Calvo Sotelo aseveraba que el futuro de España pasaría por la creación de un Estado fascista, e incluso el diputado cedista Giménez Fernández -quien junto con el valenciano Luis Lucia formaba parte del grupo que apostaba porque la CEDA se integrase en el republicanismo- llegó a afirmar que el fascismo era una fórmula política tan respetable como cualquier otra. Cuando Gil Robles y Calvo Sotelo denunciaron en las Cortes la situación en las calles y la inoperancia gubernamental, la diputada del PCE Dolores Ibárruri, la mítica “Pasionaria”, no dudó en afirmar que al mismo tiempo que los denunciantes fomentaban los desórdenes con ánimo de minar la credibilidad del gobierno, “vienen aquí con cara de niños buenos a preguntar al gobierno que qué pasa y adónde vamos”. Una opinión que era corroborada en los hechos por crónicas de periodistas como César Falcón o Antonio Ramos Oliveira, quién afirmaba que siempre que en un caso se podía saber quién había disparado, la autoría del mismo había que encontrarla en las fuerzas hostiles al Frente Popular.

Porque el hito de la violencia política en la etapa del Frente Popular previa a la guerra fue el asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo, uno de los hombres de la trama civil más comprometidos en el golpe militar. Su muerte, que se ha querido disfrazar como un crimen cometido por parte nada menos que por el propio Estado republicano, no fue sino la última (más bien cabría decir la penúltima, pues es preciso incluir a otra víctima, al general Amado Balmes, responsable militar en Canarias y en cuyo asesinato disfrazado de accidente se deja entrever la mano de Francisco Franco, pues Balmes permanecería leal a la República y su muerte era necesaria para que el general Franco pudiera hacerse con el mando militar en las islas y poder así subirse al Dragon Rapide, el avión que le conduciría de Las Palmas a Marruecos para ponerse al frente de la sublevación en el protectorado) de una cadena de anónimos y personalidades conocidas caídos antes del 18 de julio, en las que las personas de izquierda superaban con muchos a los derechistas.

Ejemplos: grupos de pistoleros y terroristas de la extrema derecha llevaron a cabo atentados contra el vicepresidente de las Cortes, el socialista Luis Jiménez de Asúa, resultando muerto el policía de su escolta Jesús Gisbert. El juez que condenó a los autores del atentado, Manuel Pedregal, también murió tiroteado por las balas de los falangistas. Más adelante, resultaron frustrados los asesinatos de Azaña el día del 5º aniversario de la proclamación de la República o de “Pasionaria”. La casa de Largo Caballero fue atacada con bombas incendiarias. En la localidad albaceteña de Yeste, cercana a la sierra de Alcaraz y próxima a las obras donde se estaba levantando el embalse de Talave, guardias civiles hostiles causaron la muerte de un grupo de campesinos e impidieron a los enviados de las Cortes llevar a cabo la investigación adecuada para esclarecer los hechos, llegando incluso a proceder a la ocultación de pruebas. Y en Madrid, pistoleros de la derecha acabaron con la vida del capitán del Ejército Carlos Faraudo -mientras paseaba con su esposa- y el teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo. Ambos pertenecían a la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA), la organización militar de izquierda formada para contrarrestar la propaganda subversiva de la conspiradora Unión Militar Española (UME), de la que formaban parte futuros cabecillas de la rebelión y además militares promovidos a puestos de dirección durante la etapa de Gil Robles como ministro de la Guerra (1934-1936), tales como Franco, Goded, Orgaz, Mola o Saliquet. Y tanto Faraudo como Castillo eran instructores de las milicias de izquierda, precariamente armadas y organizadas en comparación con sus rivales.

La muerte violenta del teniente Castillo fue el detonante del posterior asesinato de Calvo Sotelo, pero echar la culpa del mismo al gobierno frentepopulista es absurdo. El líder de Renovación Española tenía una escolta personal puesta a su disposición por parte del ministro de Gobernación, Amós Salvador, quien a petición del propio político monárquico -vía Gil Robles- sustituyó a los hombres que la formaban por las sospechas que tenía sobre ellos. Además, los guardias de Asalto que vengaron a su compañero no fueron premeditadamente a por él, sino que antes pasaron por los domicilios de Antonio Goicoechea (líder del grupo carlista Comunión Tradicionalista) y de José María Gil Robles, sin que estos estuvieran en casa. Así que no hubo un plan preconcebido de matar a Calvo Sotelo, sino que su estrategia era la de golpear en la figura de un líder de la derecha. La fatalidad quiso que fuera, precisamente, en la del acendrado conspirador. El gobierno, al conocer lo ocurrido, detuvo a diecisiete policías del cuerpo implicados en los hechos y a ochenta militantes de organizaciones ultraderechistas, y ordenó un fuerte despliegue de seguridad en los entierros de Castillo y Calvo Sotelo, además del cierre de los locales de las organizaciones obreras y de la derecha, con objeto de evitar los más que previsibles disturbios.

E igualmente el asesinato de Calvo Sotelo no fue lo que puso en marcha el golpe de Estado del 18 de julio, pues en cuatro días (del 13, fecha de la muerte del político gallego, al 17, en que la guarnición de Melilla se sublevaba) no hubiera sido capaz nadie de poner en marcha un alzamiento militar que se ha demostrado llevó meses de preparación. Lo que sí hizo fue adelantarlo, en la expectativa de que la creación de un “protomártir” -que, dicho sea de paso, hubiera muerto ante el pelotón de fusilamiento por su implicación en la sublevación si hubiera permanecido en la capital- y el “shock” consiguiente se aprovecharan en favor de los conjurados. Y es curioso también que las derechas se rasgaran las vestiduras con la muerte del líder monárquico cuando todo lo más que habían hecho anteriormente, a través de denuncias generales, fue una demonización de la obra del gobierno del Frente Popular sin lamentar la muerte de Gispert, los campesinos de Yeste, el capitán Faraudo o el teniente Castillo y por supuesto sin ningún ápice de autocrítica.

De todos modos, un aspecto a considerar sobre esta última etapa de la República previa a la sublevación que dio inicio a la guerra -y en la zona republicana, a la revolución que paradójicamente el alzamiento decía combatir y que no había aparecido en ningún momento salvo cuando la militarada se puso en marcha- es que su situación no fue tan distinta a la de otros lugares y otras épocas y, por ese motivo, su desenlace no tuvo que ser necesariamente el de una guerra provocada -nunca está de más recordarlo- precisamente por los enemigos de su proyecto reformista y democrático. Francia, en la que por entonces también había un gobierno de Frente Popular, pasó por momentos de convulsión entre los grupos de izquierdas y los grupos de la extrema derecha como la Action Françoise de Charles Maurras, y su horizonte también estuvo empañado por la sombra del conflicto civil. En otras épocas, por dificultades análogas pasaron Italia tras la Segunda Guerra Mundial, Portugal tras el derrocamiento del salazarismo o el Líbano en los últimos años, cuando el asesinato de su presidente hizo que pasara por momentos en los que su precaria paz estaba más tambaleante que nunca.

La diferencia entre la España republicana y estos países, u otros que en su época -pocos en Europa, pues recordemos que lo que hoy tenemos como países más civilizados que el nuestro como Austria o Alemania, sucumbieron al fascismo- no padecieron una guerra civil no fue ni que los españoles estaban predestinados a zurrarse como los paisanos en el cuadro de Goya ni a que nuestra democracia de los años 30 estaba construida sobre bases endebles, o más endebles al menos que las de Austria, Alemania, Francia o México, cuyas constituciones inspiraron la de 1931. La Segunda República sucumbió en una larga y sangrienta guerra civil provocada por un golpe de Estado con propósitos genocidas, tal y como se exponen en las instrucciones reservadas del general Mola, los mensajes de Queipo de Llano en Radio Sevilla, la intención de Franco de ganar la guerra aunque fuera preciso matar a media España (en declaraciones a Jay Allen) o el que aún hoy, setenta y cinco años después, haya más de cien mil republicanos desaparecidos, lo que deja a España en un deshonroso segundo puesto mundial tras Camboya en este aspecto. Nada en la República, ni en el Frente Popular, había que pudiera provocar de por sí en los militares rebeldes y sus compadres de la trama civil una reacción de tal calibre contra el proyecto republicano, salvo su intención de mantener por la fuerza unos privilegios arcaicos y unas formas sociales que no podían sostenerse si no era con la sumisión y la aniquilación de la dignidad humana.

El Frente Popular fue una consecuencia lógica a una política, la del segundo bienio, que pretendía volver atrás sin sangre y después se hizo mediante una crueldad jamás vista. Suponía también la rectificación, pero no hacía atrás, sino a mejor, de los erros que las fuerzas progresistas habían cometido en los primeros años de República. Era una oportunidad para asentar una democracia que, como toda experiencia nueva, no podía esperarse que fuera perfecta desde el inicio (¡cuántas veces no hemos oído este mensaje autocomplaciente en los apologistas de la transición del franquismo a la monarquía parlamentaria!), pero contó con la perfección de las intenciones, no otras sino la de hacer de España el país en el que su población pudiera vivir con la dignidad que merecían. Si el Frente Popular fue una oportunidad perdida no puede achacarse tanto a las fuerzas sindicales y de izquierda, quienes tras dos años de bienio progresista con muchas esperanzas frustradas y dos de bienio de las derechas en que veían como sus derechos adquiridos se iban al traste, impulsaron al gobierno a tomar cartas decididas en sus preocupaciones con tácticas mucho menos violentas y desesperadas de lo que en principio pudiera parecer (en este sentido, son muy valiosos los testimonios del embajador estadounidense Claude G.Bowers, que desmentía la existencia de una situación revolucionaria en el campo), ni tampoco a una división socialista entre moderados y largocaballeristas, en los que los segundos mostraban una actitud mucho más prudente y colaborativa con el gobierno para la época en que tuvo lugar el alzamiento militar. Los que echaron a perder esa oportunidad, y la República, fueron aquellos que desde el principio desearon poner fuera de circulación la República democrática y finalmente lo consiguieron. Por ello, la equiparación de culpas y violencias, la consideración cainita de los españoles o el escaso interés -que hoy los especialistas más reputados, aunque de todo tiene que haber en la viña del Señor, se encargan de que no sea así- en rescatar la memoria de la República por parte de nuestro actual sistema democrático hacen muy poco honor a los demócratas del pasado, pero muestran aún más la deshonra que envuelve a los de hoy.

PARA SABER MÁS:

Ángel Viñas (ed.) et al, “En el combate por la Historia. La República, la guerra civil, el franquismo”, Madrid, Pasado y Presente, 2012.

Gabriel Jackson, “La República Española y la guerra civil”, Barcelona, Crítica, 2000.

Julio Gil Pecharromán, “La Segunda República: esperanzas y frustraciones”, Madrid, Historia 16,1997

VV.AA., “80 aniversario de la II República”, Dossier especial Público, 14/04/2011.

Julián Casanova, “República y guerra civil”, Colección Historia de España Vol. VIII (dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares), Barcelona, Crítica-Marcial Pons, 2007.

Aurora Bosch, “Miedo a la democracia. Los Estados Unidos ante la Segunda República y la guerra civil española”, Barcelona, Crítica, 2012.

Julio Rodríguez Puértolas (ed.) et al, “La República y la cultura. Paz, guerra y exilio”, Madrid, Istmo, 2007.

Rafael Escudero Alday, “Modelos de democracia en España. 1931-1978”. Barcelona, Península, 2013.

Manuel Díaz-Marta Pinilla, “Las obras hidráulicas en España”, Aranjuez, Fundación Puente Barcas-Doce Calles, 1997.

R. Huertas, “Política Sanitaria: de la Dictadura de Primo de Rivera a la II República”. Madrid, Revista Española de Salud Pública, v.74, 2000.

Julio Aróstegui et al, “La República de los trabajadores. La Segunda República y el mundo del trabajo”, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2007.

Francisco Comín, “La Gran Depresión y la Segunda República”, El País, 29/01/2012.

Germán Ojeda, “Los mineros que hablaban francés”, Público, 23/10/2009.

Eduardo de Guzmán, “Las elecciones del Frente Popular”, Tiempo de Historia, febrero de 1976

Francisco Espinosa Maestre, “La primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil”, Barcelona, Crítica, 2007.

Eduardo González-Calleja y Rocío Navarro Comas (ed.) et al, “La España del Frente Popular. Política, sociedad, conflicto y cultura en la España de 1936”. Granada, Comares, 2012

Herbert R. Southworth, “El mito de la Cruzada de Franco”, Barcelona, DeBolsillo, 2011.

Manuel Vázquez Montalbán, “Autobiografía del general Franco”, Barcelona, DeBolsillo, 2011.

Francisco Mateu, “Franco, ese… Mirando hacia atrás con ira”, Barcelona, Epidauro, 1977.

Anuncios

3 comentarios en “Consideraciones sobre el Frente Popular

  1. Pablo dijo:

    Hola Ela; me ha gustado mucho tu defensa de la República; sin duda tuvo que poner muy en su sitio a los conservadores cuando sobre ganar la guerra siguen tan quemados diciendo lo que dicen de la República. Sin embargo, escribía por algo que me quita el sueño. En una página que se llama dinoalarepublica.com hay una sección de citas o frases que supuestamente dijeron políticos de la República, Azaña incluído, y son bastante poco republicanas: desde un político republicano que al hablar con Azaña dijo espantarse de su mentalidad al propio Azaña prefiriendo la victoria de los sublevados a que los ‘rojos’ instaurasen una dictadura comunista que no dejase a los republicanos exiliarse, u otros nombres de políticos y escritores que definian a las milicias como la más repugnante gentuza, asesina y arbitraria, pues cuando se armó al pueblo los radicales y ácratas, es cierto, iban descontrolados. Quisiera que un vistazo a estas frases o citas dictaminara si se trata de frases reales (las de Largo Caballero lo son), si otras están sacadas de contexto o si otras están deliberadamente inventadas.

    Gracias.

    Me gusta

    • Muy buenas Pablo. Evidentemente, hay que tener cuidado con este tipo de páginas. Nadie estamos libre de tener una opinión determinada, pero el problema es que esa opinión, especialmente en aquellos/as que realizamos una labor ensayística o de divulgación, debe estar lo más sustentada posible. Por supuesto, durante la guerra Azaña vivió momentos dolorosos y pensó en presentar su dimisión como presidente de la República al ver los episodios sangrientos protagonizados por “elementos incontrolados”, pero siguió al frente de la República y se quejó amargamente de aquellos que, como Clara Campoamor, Salvador de Madariaga o Chaves Nogales, abandonaron a la República y equipararon a los republicanos con los rebeldes en cuanto al terror desplegado y en última instancia y siquiera indirectamente a quienes defendían la legalidad con quienes la habían agredido. Sobre las frases, por supuesto que en algún momento pudieron haber sido pronunciadas, pero hay que atender en primer lugar a si esas sentencias no fueron consecuencia de la decepción que muchos representantes de la izquierda sufrieron a causa de las acciones acometidas por la derecha reaccionaria contra el régimen republicano, tanto desde la oposición como desde el gobierno, y si efectivamente están sacadas de contexto. Recomiendo las obras “Contrarrevolucionarios”, de Eduardo González-Calleja, “El holocausto español” de Paul Preston y “Anti-Moa” de Alberto Reig-Tapia, ésta última como ejemplo de lo que significa la ofensiva del revisionismo derechista contra la memoria democrática y el significado de la Segunda República en aquellos momentos y en nuestra propia historia.
      Un cordial saludo,
      Eladio.

      Me gusta

      • Pablo dijo:

        Gracias, buscaré esos libros. Ahora estoy leyendo ‘La Segunda República fue así” de Eduardo de Guzmán. El libro era de mi abuelo, que estuvo en la quinta del biberón.

        Me gusta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s